La ofensiva de Donald Trump por ampliar la esfera de influencia estadounidense deja a Europa reaccionando con cautela, dividida internamente y temerosa de confrontar a Washington.
La determinación de Donald Trump por consolidar una esfera de influencia estadounidense ha obligado a los líderes europeos a reaccionar ante un cambio geopolítico acelerado. Mientras el expresidente avanza con una agenda sin concesiones, la Unión Europea (UE) intenta encontrar su lugar, lastrada por divisiones internas y por el temor a antagonizar al líder estadounidense.
La operación de Estados Unidos para remover a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela y las renovadas amenazas de Trump de apropiarse de Groenlandia —territorio perteneciente al Reino de Dinamarca— han forzado al bloque europeo a plantearse preguntas incómodas sobre su alianza histórica con la mayor economía del mundo y las dependencias que esa relación ha generado durante décadas.
Al mismo tiempo, la UE, que se presenta como defensora del multilateralismo, enfrenta crecientes dudas sobre su compromiso real con el derecho internacional y su disposición a enfrentar a quienes lo vulneran.
Hasta ahora, el silencio ha sido más elocuente que las respuestas.
Una declaración conjunta firmada por 26 Estados miembros —con Hungría excluyéndose— tras la salida de Maduro, evitó condenar explícita o implícitamente la intervención militar, que expertos consideran una violación directa de los principios de soberanía e integridad territorial consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
De hecho, el texto mencionó a Estados Unidos solo una vez, al subrayar la necesidad de “apoyar y facilitar el diálogo con todas las partes implicadas, con el objetivo de alcanzar una solución negociada, democrática, inclusiva y pacífica a la crisis”.
El canciller alemán Friedrich Merz calificó la evaluación legal como “compleja” y merecedora de “un análisis cuidadoso”, mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, describió la intervención militar como una respuesta “legítima” de “carácter defensivo”.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue el único líder europeo en calificar de manera inequívoca la destitución de Maduro como ilegal.
“No vamos a callarnos ante las violaciones del derecho internacional, que lamentablemente son cada vez más frecuentes. España no será cómplice de este atropello”, declaró Sánchez esta semana en París. “A una ilegitimidad no se le puede responder con una ilegalidad”.
En privado, funcionarios y diplomáticos reconocieron que confrontar a Trump por Venezuela —un país gobernado por un dictador hostil— habría sido contraproducente en medio de los esfuerzos por reforzar las garantías de seguridad para Ucrania. También admitieron que el limitado conocimiento sobre Venezuela y América Latina en general contribuyó a una respuesta europea poco clara.
La UE tampoco ha condenado de forma directa la muerte de civiles durante la incursión estadounidense en Caracas ni el interés de Trump en apropiarse de las reservas petroleras venezolanas para beneficio comercial de su país.
“Es evidente que corresponde al pueblo venezolano gobernar su país, como ocurre en cualquier lugar del mundo”, señaló Paula Pinho, portavoz principal de la Comisión Europea.
Por ahora, Bruselas no ha definido un plan concreto ni una visión clara para una Venezuela post-Maduro bajo la influencia directa de Trump. Inicialmente, la Comisión respaldó a la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado, pero cambió de postura cuando quedó claro que Washington prefería trabajar con Delcy Rodríguez, ahora investida como presidenta, optando por un “compromiso selectivo” con el nuevo gobierno.
En el caso de Groenlandia, el mensaje público europeo ha sido más contundente, aunque sigue careciendo de acciones concretas. El territorio semiautónomo y rico en minerales pertenece al Reino de Dinamarca, por lo que una amenaza de anexión estadounidense se percibe como un desafío directo a la soberanía europea y al sistema de seguridad vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
“Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre sus asuntos”, afirmaron en una declaración conjunta los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y la alta representante Kaja Kallas respaldaron esa posición.
“Los mensajes que escuchamos sobre Groenlandia son extremadamente preocupantes”, afirmó Kallas desde Egipto. “El derecho internacional es muy claro y debemos atenernos a él, porque es lo único que protege a los países más pequeños”.
Sin embargo, ninguna de estas declaraciones incluyó referencias a posibles represalias militares o económicas para proteger la soberanía de un Estado miembro. Tampoco está claro si Groenlandia —que no forma parte de la UE— podría acogerse a la cláusula de asistencia mutua del bloque en caso de un ataque estadounidense.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, generó titulares al afirmar que su país, la única potencia nuclear de la UE, trabaja en un plan para defender la isla. No ofreció detalles y sus declaraciones contrastaron con la postura de Dinamarca, centrada en una solución diplomática con la Casa Blanca.
Atrapada entre una cacofonía de posturas internas y el temor a represalias de Trump, Bruselas se aferra a un discurso conocido.
“Estados Unidos sigue siendo un socio estratégico para nuestra unión”, afirmó un portavoz de la Comisión Europea al ser consultado sobre una posible revisión de las relaciones UE-EE. UU. “Seguiremos cooperando en los ámbitos donde existan intereses comunes”.
Por ahora, la UE continúa buscando una voz propia —y un plan— en un escenario internacional cada vez más impredecible.
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