El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señaló que, de no haberse implementado el Programa Reactiva Perú, el país probablemente habría enfrentado una recesión económica de gran magnitud, con efectos severos y prolongados sobre el empleo, los ingresos de las familias y la estabilidad del sistema financiero.
El Programa Reactiva Perú fue establecido el 6 de abril de 2020 como una medida excepcional impulsada por el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cadena de pagos y proteger el empleo formal de las empresas durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Desde su creación, el programa ha sido objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República (CGR), especialmente en lo referido a la gestión y recuperación de los recursos públicos. Esto ha generado cuestionamientos sobre su desempeño. ¿Qué ocurrió realmente?
Inicialmente, el fondo de garantías fue fijado en S/ 30 mil millones (fase 1), con el fin de sostener la cadena de pagos en pleno contexto de confinamiento. Sin embargo, ante la prolongación de la crisis y la necesidad de ampliar el respaldo financiero, el límite de garantías fue duplicado, alcanzando los S/ 60 mil millones.
Aunque este monto representó el tope máximo de pasivos contingentes que el Estado estaba dispuesto a asumir, el total de créditos efectivamente desembolsados por las entidades financieras fue de S/ 57 mil millones, cifra que COFIDE utiliza como base para evaluar los resultados del programa.
Entre los mecanismos implementados destacó el uso de subastas inversas, que, en combinación con las garantías estatales, permitió a las empresas acceder a tasas de interés históricamente bajas. A modo de ejemplo, las microempresas, que antes de la pandemia enfrentaban tasas promedio cercanas al 36.1 %, lograron financiamiento con tasas promedio de apenas 3.8 % gracias a Reactiva Perú.
El BCRP resaltó que el programa canalizó créditos garantizados equivalentes al 7.9 % del Producto Bruto Interno (PBI), y reiteró que su ausencia habría profundizado considerablemente el impacto económico de la crisis sanitaria.
¿Por qué surge la controversia?
La polémica en torno al Programa Reactiva Perú se originó tras la publicación del Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República, que evaluó el desempeño del programa hasta el 30 de junio de 2025.
El informe centró su análisis en la porción de los créditos que no logró ser repagada, es decir, aquellos casos en los que el Estado tuvo que honrar las garantías frente a las entidades financieras debido al incumplimiento de las empresas beneficiarias.
Según la CGR, el monto total honrado por el Estado hasta esa fecha ascendía a S/ 6,031,983,752.34. De ese total, se había recuperado únicamente S/ 404,007,913.70, lo que equivale a una tasa de recuperación del 6.70 % sobre los montos ya honrados.
Esta cifra fue interpretada erróneamente como si se aplicara al total del Programa Reactiva Perú, generando la percepción de que la mayor parte de los recursos se había perdido. Ante ello, COFIDE aclaró que “la información difundida por algunos medios no refleja adecuadamente las conclusiones oficiales del informe”.
La entidad administradora explicó que alrededor de S/ 6,100 millones del total desembolsado corresponden a garantías honradas, las cuales no constituyen pérdidas definitivas, sino el inicio de procesos de recuperación establecidos en el marco normativo vigente.
Asimismo, COFIDE informó que de los S/ 57 mil millones otorgados en créditos, ya se han recuperado aproximadamente S/ 51 mil millones, lo que implica que cerca del 89 % de los préstamos han sido pagados de manera regular, cumpliendo con el objetivo central del programa.
Los S/ 6,100 millones honrados por el Estado —de los cuales solo se ha recuperado el 6.70 % hasta el momento— representan menos del 11 % del total del programa, correspondiente a los créditos que enfrentaron mayores dificultades de pago.
El economista Alonso Segura también precisó este punto en declaraciones a RPP, señalando que Reactiva Perú movilizó cerca de S/ 60 mil millones, de los cuales solo alrededor del 10 % presentó problemas de reprogramación y pago.
Segura concluyó de forma categórica que “no se puede hablar de una pérdida del 90 % del programa”, ya que la gran mayoría de los créditos continúa siendo pagada con normalidad.
